Columna de opinión de Roberto E. Muñoz, profesor del Departamento de Ingeniería Comercial, y María Victoria Catipillán, Graduada MBA USM.

Cuando el Estado decide intervenir un mercado, lo puede hacer de varias formas, pero parece prudente que la intervención se apoye en mejorar la competencia del mercado en lugar de ir contra ella. Un excelente y reciente ejemplo de esto, es la Ley N°20.606, de etiquetado de alimentos. La autoridad diagnosticó que estos eran mercados con información imperfecta, esto es, no todos los participantes tenían perfecta información de los bienes que se estaban transando. Decidió, entonces, corregir esta imperfección de información a través de la generación de sellos de advertencia que permitieran a los consumidores mejorar su toma de decisiones. El Estado no se enfocó en prohibir algún producto específico, ni estableció impuestos para desincentivar su consumo, sino que solamente se enfocó en corregir una falla de información que estaba distorsionando el funcionamiento eficiente de los mercados involucrados.
Esta política pública ha generado que cerca del 93% de la población sea capaz de entender los mensajes presentes en el frontis de los alimentos y esto ha permitido reducir el consumo de nutrientes dañinos para la salud, principalmente, nutrientes que elevan las ya altas tasas de obesidad. Esto se logró con una política pública que mejora el funcionamiento de los mercados involucrados y cabe preguntarse si políticas parecidas pueden establecerse en otros mercados con similares fallas de información. Por ejemplo, la seguridad de los automóviles es una información que podría estar más visible para los consumidores al momento de su compra, de manera de realizarla mejor informada, sin prohibir en ningún caso la venta de un tipo de vehículo específico. Otro ejemplo podrían ser artículos tecnológicos en donde, claramente, el oferente dispone de mejor información que el comprador. En este caso, podría ser interesante que los artículos de este rubro contaran con evaluaciones de usuarios, de manera que un nuevo comprador disponga de esta información al momento de su compra.
Una situación similar se observa en otros contextos. Por ejemplo, en las elecciones políticas los candidatos de todos los sectores tienen perfecto derecho a hacer propuestas consistentes con sus respectivos pensamientos políticos, sin embargo, es natural que los ciudadanos pidamos que esas propuestas sean factibles, para lo cual sería interesante estudiar la pertinencia de contar con un organismo técnico que evalúe esas propuestas y señalice su grado de factibilidad, de manera que los ciudadanos dispongan de esa información al momento de votar.
Chile fue pionero en el desarrollo de advertencia a través de sellos. A partir de su implementación ha servido de modelo y se ha copiado el sistema en otros países de la región. Mediante esta política pública, además, se han generado incentivos en las empresas para mejorar sus productos, lo que ha otorgado beneficios a la sociedad. Deberíamos al menos evaluar si esta idea puede extenderse a otros sectores donde es necesario resolver fallas de información que afecten la decisión del usuario.