Dicho esto, tomemos esa situación y comparemos con lo local. En Chile, las cuentas fiscales atraviesan una crisis severa, similar a la de Estados Unidos, pero con una economía mucho más frágil. En 2024, no solo se incumplió la meta de ajuste estructural —pese a ser un requisito legal—, sino que la deuda bruta del Gobierno superó el 42% del PIB. Por otra parte, durante la actual Administración, el déficit ha aumentado en más de tres puntos porcentuales, ubicando a Chile entre los países con mayor desequilibrio fiscal en la región.

Este deterioro no es un fenómeno aislado. Como resultado, los intereses de la deuda externa podrían alcanzar los cuatro mil millones de dólares en el próximo Gobierno, poniendo en riesgo el pago oportuno de nuestras obligaciones. Además, en el mediano plazo, producto de un potencial cambio en el rating del país, las tasas de interés locales podrían dispararse, encareciendo los créditos hipotecarios hasta en un 30%. En comparación con la situación de hace 15 años, cuando la deuda representaba solo un dígito, el contraste es drástico y está claramente vinculado a la expansión del Estado, cuyo tamaño pasó del 20% al 27% del PIB en el mismo período.

La deuda, por sí sola, no es el problema; su impacto depende del uso que se le dé. Sin embargo, al analizar las estadísticas, persiste la percepción de que el empleo público ha crecido desproporcionadamente, sin traducirse en una mejora tangible en la calidad de vida de los más vulnerables. Así, surgen sospechas sobre un aumento innecesario de empleados públicos, e incluso de ñoquis —un término originado en la tradición italiana y que se popularizó en Argentina para describir a funcionarios públicos que apenas se presentan el día de pago—. Si bien en Chile hay pocos indicios de esta práctica y estamos lejos de la magnitud de las ineficiencias observadas en el país vecino, sigue habiendo una nebulosa sobre la cifra real de empleados públicos, ni hablar de desagregaciones por servicio. El gasto en personal del Gobierno general ha crecido del 5% del PIB hace 15 años al 7% del PIB en 2023, un crecimiento de 30%, extraño en plena era de la automatización. A esto se suma el ausentismo laboral, que en el mismo período creció más del 40%, ¡llegando a promediar un mes de ausentismo por funcionario!

Si bien el ejemplo estadounidense es extremo, sería interesante evaluar el impacto del gasto fiscal en la eficiencia del Estado y en la calidad de vida de los chilenos, lo que equivale a medir la productividad del sector público. El Estado debería tener un rol clave en el impulso de la productividad, no sólo mediante políticas que promuevan la eficiencia en el sector privado, sino también dando el ejemplo en la administración de los recursos públicos. Sin embargo, este tema ha permanecido ausente del debate público: no se mide la productividad de manera periódica ni desagregada, lo que impide saber cómo ha evolucionado y en qué áreas u organismos existen mayores oportunidades de mejora. Ante tal vacío de información, resulta urgente desarrollar indicadores que permitan evaluar la eficiencia en diversos ámbitos de la gestión estatal.

Para lograrlo, propongo calcular de manera periódica la productividad del sector público, y utilizar este indicador para determinar el pago de bonos de desempeño, reemplazando el anacrónico sistema actual. Por ejemplo, se podría partir con cuatro sectores: educación, salud, vivienda y transporte. Estos sectores representan más del 40% del gasto fiscal total, y tienen un fuerte impacto en la calidad de vida de la población. Posteriormente, se podría ampliar este cálculo y estudio a otras áreas, e incluso llegar a evaluar cada institución o unidad de ejecución —hospitales, colegios, seremis, entre otros— con mayor detalle.

Afortunadamente, los chilenos no tenemos por qué elegir entre la motosierra de Musk-Trump y los ñoquis, pero sí debemos entender que reducir el déficit eliminando la ineficiencia del Estado es un imperativo moral urgente. Después de todo, nunca está de más recordar que cada peso malgastado —proveniente del esfuerzo de los trabajadores que pagan impuestos— limita las oportunidades de quienes más necesitan una sociedad más justa y con mayores posibilidades de progreso.

*Columna originalmente publicada en El País